Entre 200.000 y más de 300.000 personas, según los medios de comunicación, están en lista de espera para terminar su evaluación y percibir las ayudas por dependencia. En un trimestre, fallecen 24.000 personas sin haber recibido la ayuda. La espera media por la resolución de los expedientes sigue superando el año. Además, en función de la comunidad autónoma, con una diferencia en general entre norte y sur, puede oscilar de los 4 meses en Castilla y León y País Vasco a los casi tres años de Canarias y dos de Andalucía.
“Es intolerable que una persona altamente vulnerable muera antes de recibir ayuda para sus cuidados. La Ley de Dependencia puede ser un buen texto, pero sin recursos es solo un papel. Y este es un deber que recae tanto en los PGE con en las Administraciones Autonómicas. Todas las instituciones públicas son responsables de sacar adelante este servicio básico del bienestar social y la dignidad humana”, sentencia Lourdes Pedrazuela, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Formación de USO.
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