El secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha registrado las alegaciones del sindicato al Real Decreto que regulará la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública.
Esta comisión ya fue anulada por sentencia del Tribunal Supremo (1719/2019, de 12 de diciembre), por omitir el trámite de audiencia a los sindicatos en la elaboración de la norma.
“El Supremo reconocía en su fallo la trascendencia de esta norma para todos los trabajadores, por regular la contratación pública y su impacto social. Es decir, oportunidades de empleo digno, igualdad entre hombres y mujeres, formación, protección de la salud y la seguridad en el trabajo, lucha contra la exclusión social, etc., las funciones principales de todos los sindicatos. Por ello, el Supremo concluía que deben tomarse en cuenta las aportaciones y propuestas de los sindicatos, sin la necesidad de ostentar el carácter de más representativo”, expone Pérez.
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