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La nueva regulación del Teletrabajo: propaganda, marketing y más discriminación para las empleadas y empleados públicos Destacado

Viernes, 25 de Septiembre de 2020 212

En el seno del mal llamado “DIÁLOGO SOCIAL”, un instrumento caduco e inútil en la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y contando con  la imprescindible colaboración de CCOO y UGT, se materializó el acuerdo que ha hecho posible la publicación en el día de ayer del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia o teletrabajo.

No vamos a profundizar en las múltiples ambigüedades y carencias que presenta la norma, ni como los plazos para su entrada en vigor, y las excepciones y exclusiones que expresamente contempla la convierten en una norma ineficaz y vacía. De ello ya USO publicó ayer su análisis.

Desde la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO queremos denunciar como nuevamente se discrimina a las empleadas y empleados públicos, dejándolos fuera del ámbito de aplicación del presente RDL. Nos tenemos que contentar con unas modificaciones del TREBEP y del Estatuto de los Trabajadores aprobadas “de urgencia” el día de antes, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas con la anuencia de CSIF, CCOO y UGT, colaboradores necesarios de la Administración cada vez que desea infligirnos una nueva afrenta.

Se demuestra nuevamente que para la administración y sus sindicatos, los empleados públicos somos trabajadores de segunda o tercera: introduciendo un artículo 47.bis en el TREBEP “vamos despachados”, artículo que además excluye expresamente al personal laboral de las administraciones públicas.

Ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero sirva la siguiente para evidenciar la falta de respeto del gobierno y sus sindicatos a las trabajadoras y trabajadores públicos:

REGULACIÓN DE TELETRABAJO EN ESPAÑA

 

EMPLEADOS PÚBLICOS

RESTO DE TRABAJADORES

RANGO DE LA NORMA

ACUERDO

REAL DECRETO LEY

EXTENSIÓN DE LA NORMA

Un artículo del TREBEP

Veintidós artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y catorce disposiciones finales, contenidas en 43 páginas publicadas en el BOE

Desde la FAC-USO estaremos atentos a evitar que la aplicación práctica de las normas anteriores materialice la grave discriminación que en las misma se contempla en detrimento de los derechos de los empleados públicos en general, y del personal laboral de las administraciones públicas en particular.

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