El Secretario General de FAC-USO, Javier Toro, y la responsable de Comunicación e Internacional, Lucía Nieto, mantuvieron en Granada una importante reunión de trabajo con la presidenta de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU), Françoise Geng.
El encuentro, celebrado el pasado 26 de mayo, se centró en una de las prioridades sindicales de FAC-USO en los últimos años: la lucha contra la temporalidad estructural y abusiva que padecen miles de empleados públicos en nuestro país.
Durante la reunión, celebrada en el marco de las relaciones internacionales impulsadas por nuestra organización, FAC-USO hizo entrega oficial del informe técnico sobre la temporalidad en el empleo público en España, un documento de más de veinte páginas elaborado por nuestra federación que expone con rigor jurídico, datos actualizados y propuestas concretas la gravedad del problema que afecta ya a más de 800.000 trabajadores públicos en nuestro país, muchos de ellos en situación de fraude de ley.
Un problema estructural con dimensión europea
Tal y como detalla el informe, la tasa de temporalidad en las administraciones públicas españolas duplica la del sector privado y se mantiene en torno al 30%.
En algunos sectores como la sanidad, la educación o los servicios sociales, este porcentaje supera el 50%, generando precariedad crónica y una merma evidente en la calidad del servicio público.
FAC-USO ha querido trasladar directamente a la presidencia de EPSU que este no es un problema coyuntural, sino una anomalía estructural sostenida en el tiempo por la inacción de las distintas administraciones y la falta de voluntad política para abordar una solución justa, efectiva y conforme al Derecho de la Unión Europea.
Intervención del TJUE y ausencia de soluciones eficaces
El informe entregado a EPSU analiza en profundidad las sentencias dictadas en los últimos años por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reprendido reiteradamente a España por su uso abusivo de contratos temporales para cubrir necesidades estructurales.
Las resoluciones más recientes, como la de febrero de 2024, van más allá y dejan claro que las indemnizaciones simbólicas no constituyen una sanción efectiva, instando a los tribunales nacionales a considerar la conversión a fijo como la única vía adecuada para reparar el abuso.
Pese a estas advertencias, FAC-USO ha constatado que la Ley 20/2021 –promovida como respuesta legislativa al problema– ha resultado insuficiente en su aplicación práctica.
Los procesos de estabilización previstos no se han culminado en la mayoría de las administraciones, y la tasa global de temporalidad no solo no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado ligeramente.
Un llamamiento a la acción sindical europea
Durante la reunión, FAC-USO solicitó formalmente a EPSU que se pronuncie de manera clara sobre esta situación y apoye, en nombre de los más de ocho millones de trabajadores públicos a los que representa en Europa, la demanda de una solución justa para los interinos españoles en situación de fraude de ley.
También solicitamos la inclusión del caso español en los foros europeos sobre empleo público y la exploración de vías de interlocución con la Comisión Europea para evaluar un posible procedimiento de infracción.
Convocatoria del Grupo del Mediterráneo: primer paso para internacionalizar el informe
Como primer paso para seguir difundiendo este informe y construir alianzas a nivel internacional, FAC-USO ha anunciado que convocará en los próximos días una reunión del Grupo del Mediterráneo de EPSU, del que forma parte junto a sindicatos de Italia, Grecia, Portugal y otras organizaciones del arco mediterráneo.
El objetivo será compartir el diagnóstico presentado por FAC-USO, analizar puntos comunes en materia de empleo público y precariedad, y avanzar en una posible declaración conjunta que refuerce la presión sindical sobre las autoridades españolas y europeas.
Esta reunión supondrá un importante punto de partida para que el informe de FAC-USO se convierta en una referencia en los debates sindicales del sur de Europa y permita coordinar estrategias frente a problemas comunes en la región.
Una reunión constructiva y un compromiso de seguimiento
La presidenta de EPSU, Françoise Geng, mostró un interés especial por el informe y la situación denunciada, y valoró positivamente el enfoque técnico y propositivo del documento.
Ambas organizaciones se comprometieron a mantener un canal de comunicación abierto para seguir avanzando en la visibilización del problema y en el respaldo a los empleados públicos que llevan años encadenando contratos temporales sin expectativas reales de estabilidad.
Desde FAC-USO, agradecemos el tiempo y la receptividad de la presidenta de EPSU, y reiteramos nuestra disposición a presentar el informe en Bruselas o en cualquier otro foro europeo que permita trasladar esta injusticia a la agenda sindical internacional.
Seguimos trabajando para que ningún empleado público que lleve años trabajando en fraude de ley sea despedido por una mera formalidad administrativa.
La estabilidad es un derecho, no un privilegio
